Tras el vendaval de Ficha Limpia en el Senado.
Diputados se prepara para reactivar el criptoescándalo en el Congreso. El caso LIBRA polarizó al extremo el escenario legislativo y reordenó a las fuerzas políticas en dos grandes bloques: quienes exigen investigar al Presidente y quienes buscan blindarlo. Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona deberían presentarse para rendir cuentas tras haberse ausentado hace dos semanas, pero en la oposición ya descuentan que no lo harán. El vendaval político que provocó el naufragio de Ficha Limpia en el Senado encendió las alarmas en la Cámara baja, que activó una estrategia para ganar tiempo. La decisión de postergar por una semana la designación de autoridades de la comisión investigadora responde a una lectura táctica compartida por varios bloques: dejar pasar la tormenta institucional y evitar que el tema dinamite los puentes construidos.
La interpelación a Guillermo Francos dejó una certeza: se puede comprometer al Presidente con muy poco. El jefe de Gabinete, habituado a apagar incendios, terminó enredando a Milei al admitir que el contrato del token LIBRA era público y que por eso el mandatario lo difundió. No supo explicar, sin embargo, de dónde había sacado esa información. Su declaración preocupó al oficialismo. Desde entonces, la disyuntiva para los funcionarios libertarios es clara: arriesgarse a exponer al Presidente o pagar el costo institucional de incumplir el artículo 71 de la Constitución.En los pasillos del Congreso ya dan por hecho que los ministros no se presentarán. “Creemos que no van a ir”, desliza un diputado al tanto de las conversaciones internas a Página12. En el grupo de WhatsApp que comparten los secretarios parlamentarios encargados de la estrategia opositora, la hipótesis más extendida es que, si alguno aparece, será Cúneo Libarona con una intervención lavada para cumplir el trámite. Sobre Caputo no hay dudas: no irá. “Es más probable que prefieran pagar el costo político de la ausencia a exponerse a una interpelación”, advierten. El viernes, los legisladores enviaron una nota a Martín Menem para confirmar si los ministros asistirán. La respuesta fue negativa: no hubo contestación formal y el compromiso asumido por Menem —asentado en la versión taquigráfica— quedó en el aire. Desde Unión por la Patria insisten en que, aunque la idea es “tratar de arbitrar por los medios políticos”, el incumplimiento de los deberes de funcionario público configura una causal de juicio político y podría derivar también en presentaciones penales.
