El proyecto definitivo de reforma laboral dejó ganadores y perdedores, además de un escenario creciente de tensión que marcará el resto de la gestión libertaria. ¿Habrá nuevos cambios en la iniciativa?
No es que ya no haya dialoguistas en la CGT. Lo que sucedió es que la reforma laboral de Javier Milei transformó a todos los dirigentes en combativos. El ala política del Gobierno logró eliminar y moderar algunos artículos que irritaban al gremialismo, pero el análisis más detallado del proyecto oficial dejó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el gran triunfador: en muchos de sus 197 artículos se apunta a romper la vieja coraza protectora del poder sindical.
A esta CGT elegida el 5 de octubre no le quedó otro camino que estrenar el método de la protesta: los líderes sindicales quieren llevar 150 mil personas a la Plaza de Mayo para presionar al Gobierno y a los legisladores.
Aun así, sobrevivieron canales subterráneos de diálogo entre dirigentes gremiales y representantes libertarios, que hasta ahora demostraron ser insuficientes para alcanzar una tregua. Esos interlocutores oficiales ya estaban avisados de que se iba a decidir una movilización para protestar contra la reforma laboral, ideada como una forma de descomprimir el creciente malestar en el sindicalismo y contener a los sectores más duros.
Por eso, aun en medio del amenazante sonido de los los tambores de guerra, hay expectativas de que el Gobierno acceda a introducir en el tratamiento parlamentario algunos cambios en el proyecto final: hay artículos que, tal como quedaron redactados, son “una provocación”, como se quejan los máximos líderes sindicales.
Uno de los que piensan así es Gerardo Martínez (UOCRA), el adalid del sector dialoguista que defendió a capa y espada la integración de la CGT al Consejo de Mayo con la intención de consensuar la reforma laboral. Hoy, sigue reivindicando el diálogo, pero habla como el más duro de todos: “Hay una intromisión del Gobierno en la libertad sindical, en la relación que existe entre empleadores y trabajadores a través de la articulación de los convenios colectivos de trabajo”, aseguró a Infobae.
“No se observa libertad en el ejercicio de las actividades privadas -dijo-, sino que se busca meter al Estado desde la política para ejercer un cierto condicionamiento a lo que representa la defensa de los trabajadores, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual”.
Aun así, Martínez rescató algo: “Desde la CGT mostramos que no le tememos al diálogo. Consideramos que cualquier propuesta de diálogo surgida desde el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de administrar el destino de la Argentina, es importante, más que nada para resolver los problemas estructurales. Así como le preocupa al Gobierno el nivel de informalidad que hay en Argentina, nos preocupa a los dirigentes que representamos al movimiento sindical en la CGT. Sabemos que con el actual modelo económico lo único que se va a lograr es tener más desocupación por el nivel de recesión y de crisis que está pasando el sector productivo, donde se observa gran cantidad de empresas grandes, medianas y pequeñas que están cerrando sus puertas. A eso se suma la apertura indiscriminada de la política económica, permitiendo el ingresos de miles de productos que vienen subsidiados del exterior”.
Más allá de distintos artículos urticantes para la CGT, el ejemplo del sindicalismo sobre la provocación del Gobierno se basa en el artículo 126 de la reforma laboral, en el que dice que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.
La ley vigente establece la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención y no sólo de las cuotas de afiliación, como quedó ahora tras la modificación libertaria, sino también de “otros aportes”, lo que permitió que también estuviera garantizada la recaudación de las cuotas solidarias.
