Apunta a facilitar la incorporación al circuito formal de los dólares que permanecen fuera del sistema. La iniciativa deberá atravesar las comisiones antes de llegar al recinto y requerirá del apoyo de los bloques dialoguistas.
La Cámara de Diputados retomará su actividad tras el receso invernal con el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal como uno de los principales temas de la agenda del oficialismo. La iniciativa, que será enviada por el Gobierno, apunta a incentivar la incorporación al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal.
La Libertad Avanza deberá negociar con los bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios y avanzar con el tratamiento. Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y por los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
El oficialismo buscará reeditar el esquema de acuerdos alcanzado en diciembre con sectores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales. Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita sumar aliados para alcanzar el quórum y reunir la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.
La reforma de Inocencia Fiscal llega a Diputados con el objetivo de captar dólares no declarados
Entre los bloques cuyo respaldo será clave aparecen Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Nequinidad, que reúnen en conjunto 36 legisladores. Además, el oficialismo evalúa sumar a al menos cuatro diputados de Provincias Unidas que hasta diciembre integraban el PRO.
La reforma busca avanzar sobre uno de los objetivos que el Gobierno había planteado con la legislación de Inocencia Fiscal aprobada durante las sesiones extraordinarias. La intención es generar condiciones para que los contribuyentes que mantienen dólares fuera del sistema formal puedan incorporarlos sin quedar expuestos a mayores controles fiscales.
Otro de los cambios previstos apunta a modificar el umbral a partir del cual la ARCA podría revisar inconsistencias entre los ingresos y los bienes declarados. El proyecto elevaría del 15% al 30% la diferencia que habilitaría una revisión del organismo recaudador.
La iniciativa también podría abrir un debate político dentro del Congreso. Unión por la Patria anticipó que buscará introducir modificaciones para impedir que funcionarios públicos y sus familiares puedan acceder al régimen simplificado.
La propuesta de exclusión para personas políticamente expuestas fue impulsada por el diputado Eduardo Valdés y cobró fuerza luego de las controversias generadas por el crecimiento patrimonial declarado por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien recurrió al régimen de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.
